Chillán Viejo impugnará la decisión del Ministerio de Justicia que decidió instalar la nueva cárcel en la comuna, recurriendo probablemente a un salvavidas que se encuentra en la misma orgánica interna de la entidad estatal.
Resulta que ésta, el 30 de enero del año pasado, a través del decreto exento Nº 626, aprobó la Norma General de Participación Ciudadana del Ministerio de Justicia.
El cuerpo legal, al que se obliga el mismo Ministerio, fue firmado por el anterior ministro Carlos Maldonado Curtz y aparece como uno de los avances relevantes de la entidad, que incluso lo tiene incluido en su página web institucional.
El decreto ministerial tiene como antecedente el instructivo presidencial Nº 008 del 27 de agosto de 2008 que establece los principios generales de participación ciudadana.
En este sentido, el Ministerio refrendó el derecho ciudadano a la información pública, que consiste que la población pueda participar en la “ejecución, evaluación de las políticas públicas a través de los mecanismos institucionalizados por el Estado que les permitan incidir y ejercer control social en espacios territoriales”.
En este sentido, en Chillán Viejo se encuentran abocados a obtener información para presentársela posiblemente al Presidente de la República durante su visita a la ciudad el próximo 20 de agosto.
De hecho, el municipio ha enviado a funcionarios a pedir información reservada a Santiago, para conocer la forma en que se decidió la compra del terreno de Trinidad y las personas y autoridades que intervinieron de una u otra forma.
El alcalde Felipe Aylwin, en la carta que envió al Presidente de la República, ya había dejado traslucir que el Ministerio faltó a su deber de informar a la comunidad.
De hecho, sostiene Aylwin, “en el proceso de decisión y de comunicación oficial de la resolución adoptada, la autoridad gubernamental no ha respetado los canales institucionales, dejando al municipio absolutamente al margen del proceso, impidiéndole aportar fundados antecedentes que sostienen nuestro rechazo a la construcción de la cárcel en la comuna”.
El edil alega que “se nos ha privado de todo conocimiento oportuno y obligada participación, desconociendo normativa legal que legitima nuestro derecho a ser escuchados. En particular el artículo 1º de la Ley Nº 18.695 señala que corresponde a la municipalidad la administración local de cada comuna y que su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural”.
Agrega que según las normas imperantes en la actualidad, nada de lo que acontece en la comuna puede ser ajeno al municipio, más aún cuando se trata de una materia tan controvertida y de efectos tan amplios como es la construcción de una cárcel.
“La autoridad gubernamental nos ha ignorado, por lo que reivindicamos nuestro derecho ahora a oponernos y a buscar los caminos que permitan revertir la decisión”, remata Aylwin.
Concejal Jorge del Pozo Ediles sienten persecución
A pocas semanas de que se realicen los actos de celebración del natalicio del Padre de la Patria Bernardo O’Higgins, cunde la preocupación en organismos de seguridad respecto de la forma en que será recibido el Presidente de la República, Sebastián Piñera.
Esto, debido a que la comunidad desplegará toda suerte de elementos para manifestar su rechazo a la construcción de la nueva cárcel.
En este sentido, señalan concejales de Chillán Viejo, durante las manifestaciones, representantes de organismos de inteligencia los han filmado y pedido antecedentes sobre sus actividades.
“Es algo normal en instancias de este tipo, pues el Gobierno debe anticiparse a todos los escenarios. Me han filmado y fotografiado en las marchas que hemos hecho y anteriormente sucedía lo mismo cuando nos manifestábamos como Anef”, detalló el concejal Jorge del Pozo.
Algo similar manifestó el concejal Rodolfo Gazmuri, quien igualmente dijo que personal de Inteligencia ha estado atento a cada uno de sus pasos.
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