Chillán Viejo acusará al Ministerio de Justicia ante la Contraloría

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6 de agosto, 2010

A la Contraloría General de la República recurrirán las autoridades de Chillán Viejo, con el fin de que la entidad analice la validez del procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Justicia para designar el sitio que adquirirá para construir el penal provincial.
Hasta el momento, todo parece indicar que el recinto penitenciario será levantado en el sector de Trinidad, en un fundo perteneciente al ex alcalde de Chillán, Héctor Canahuate, ubicado en el camino a Yungay.
Sin embargo, las autoridades de Chillán Viejo señalan que no está dicha la última palabra sobre el tema.
Hay que recordar, señalan ediles de la comuna, que el Ministerio, bajo la administración anterior, había designado a un sector de San Nicolás como sede para levantar el recinto, pero la oposición ciudadana más el apoyo de parlamentarios logró revertir la medida.
Ahora, cuando desde el Gobierno y parlamentarios señalan que prácticamente no hay nada que hacer, el municipio sacó a relucir un decreto ministerial que fue dado a conocer por adelantado ayer a través de LA DISCUSIÓN.
Se trata nada más y nada menos que de una norma obligatoria del Ministerio de Justicia, que abre las puertas para la participación ciudadana y que fue integrada a la orgánica interna de la entidad gubernamental por el ex ministro Carlos Maldonado.
Ayer, luego de que este medio conociera la existencia de este documento, el alcalde Felipe Aylwin lo mostró a los medios en una conferencia de prensa, donde puso al descubierto el texto que permanece en la página web de la entidad en el link Participación Ciudadana.
Se trata del decreto exento 626 del 30 de enero del 2009 que establece las bases para que la comunidad pueda hacer valer sus opiniones frente a las políticas que implemente.
“El Ministerio de Justicia ha actuado sin seguir su propia normativa y reglamento que aprueba la participación ciudadana. Según éste, toda acción que realice debe ser previamente consultada a la comunidad”, criticó Aylwin.
De esta manera, apuntó el edil, el Ministerio de Justicia “forzosamente debe integrar a la comunidad en la implementación de programas, más aún si se trata de una cárcel”.
El alcalde sostuvo que el artículo 6º del referido decreto exento es particularmente decidor de la forma en que debe actuar la entidad y deja a la vez en evidencia lo irregular que habría sido su accionar al seleccionar el predio de Chillán Viejo.
“Corresponderá al Ministerio de Justicia y sus servicios dependientes, como Gendarmería y otros, establecer instancias de encuentro entre la ciudadanía y las autoridades para poner en conocimiento público la información relevante acerca de sus políticas, planes acciones y presupuesto, asegurando que sea oportuna, concreta, comprensible y accesible. En nuestro caso, frente a la construcción de una cárcel, jamás se hizo un proceso de consulta”, acusó.
Frente a la contundencia de los hechos, la municipalidad recurrirá a la Contraloría General durante la mañana de hoy, con el fin de poner en evidencia estos antecedentes y que en función de ellos la entidad nacional se pronuncie sobre la legitimidad del proceso seguido por el Ministerio.
“Antes de que el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, tomara la decisión, no hubo ningún tipo de acercamientos con las autoridades comunales”, refirió Aylwin.
Al contrario, en todos los documentos que fueron despachados desde Santiago a Chillán Viejo, se dejaba claro que la comuna histórica no figuraba dentro de las prioridades en el proceso para seleccionar el lugar donde estará ubicado el penal de Ñuble.
Ayer, el alcalde de Chillán Viejo, con el fin de buscar apoyo entre representantes políticos, se reunió con integrantes del Consejo Regional en Concepción.
En tanto, desde el Concejo Municipal de Chillán Viejo, el concejal Jorge del Pozo sostuvo que hasta el momento la municipalidad mantiene una postura cerrada contra la construcción del penal.
Enfatizó en que “no aceptaremos compensaciones pues todos sabemos que una cárcel en el sector de Trinidad sólo generará perjuicios a la comunidad”.
Una de las mayores críticas contra la decisión gubernamental se refiere a que se frenará inexorablemente el crecimiento de la comuna, la que por su plan regulador se orientaba hacia el oriente, teniendo como eje la avenida Baquedano y el camino a Yungay.
Del Pozo, sostuvo que la decisión final sobre el penal lo tomará la comunidad el próximo 15 de agosto, cuando se realice la consulta ciudadana promovida por el municipio.
“El año pasado realizamos una consulta y el 90% de la gente se pronunció en contra”, dijo el edil.