7 de agosto, 2010
El gobernador Eduardo Durán Salinas cerró ayer prácticamente todas las puertas para buscar nuevas locaciones para la futura cárcel provincial, la que será edificada en la comuna de Chillán Viejo.
La autoridad fue clara al indicar que la decisión que tomó el ministro de Justicia Felipe Bulnes es absolutamente irrevocable.
Además, detalló que la entidad tuvo a la vista todos los antecedentes jurídicos a la hora de decidirse por el terreno de Trinidad.
Esto, luego de que la municipalidad iniciara acciones ante la Contraloría General de la República, la que debería pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento seguido por el Ministerio.
“Estamos hablando del Ministerio de Justicia, que tiene la ley en la palma y en la punta de los dedos. Tiene que haber tomado todas las precauciones para tomar una determinación de esta envergadura y el ministro dijo que la decisión está tomada, y no hay vueltas atrás y ahora la sugerencia es conversar, dialogar para ver cómo se enfrenta el tema de ahora en adelante”, agregó.
Durán, además reprochó que la comunidad de Chillán Viejo no haya querido iniciar conversaciones formales para aprobar un plan de compensaciones. “Si el alcalde anda en Santiago haciendo gestiones es porque no ha habido una mesa para conversar posibles compensaciones”, aseguró.
Lo cierto es que en el municipio están efectivamente cerrados a buscar alternativas que permitan el desarrollo de obras que mitiguen los efectos que puede tener la existencia de una cárcel en la comuna.
“Conocimos un informe de Gendarmería, que establece que en los traslados de reos no pueden ir más de uno por carro, lo que significa que dado que tendremos una población penal de 1.500 personas, la cantidad de viajes diarios a los tribunales será elevado, lo que sumará más vehículos al atochamiento que ya tiene la avenida Baquedano y el camino a Yungay”, argumentó el alcalde Felipe Aylwin.
Dadas las aprensiones existentes, ayer presentó formalmente ante la Contraloría en Santiago la petición para que esta entidad investigue la falta en la que habría incurrido el Ministerio al no informar previamente a la comunidad de Chillán Viejo respecto de su decisión.
La presentación se basa en un decreto interno del Ministerio, el que establece que la comunidad tendrá derecho a pronunciarse respecto de las decisiones que adopte la entidad gubernamental.
Sin embargo, aducen las autoridades municipales, jamás se consultó a la comuna respecto de la posibilidad de instalar el recinto penitenciario.
TERRENO
El terreno que fue elegido por el Ministerio figuraba entre los que desde el comienzo del proceso consideró el Ministerio de Justicia.
En la primera etapa de recepción de ofertas se analizaron once alternativas, de las cuales siete se encontraban en Chillán Viejo, tres en Chillán y una en San Carlos.
Todos los sitios ubicados en Chillán, según antecedentes de la municipalidad de esta ciudad, fueron descartados por la comisión examinadora.
Esta instancia, conformada por arquitectos del Ministerio de Justicia, Gendarmería y la Municipalidad de Chillán, entre los días 6 y 8 de junio del 2007, analizó los predios ofrecidos.
Durante las visitas a terreno se caracterizó cada predio y en el caso de Trinidad recibió la recomendación de “Aceptado”, pues cumplía los requisitos requeridos.
Sin embargo, no fue finalmente priorizado por cuanto no satisfacía uno de los principales requerimientos establecidos por la Municipalidad de Chillán, como era la distancia del centro de la urbe.
Se esperaba que el terreno que fuera finalmente elegido estuviera más allá de un radio imaginario de 14 kilómetros, pero en el caso de Trinidad se encuentra a sólo 10.
Por ello, los encargados del proceso se inclinaron por un terreno ubicado en Colliguay, en la jurisdicción de Chillán.
En el caso de Trinidad, su ubicación además conspira contra el desarrollo inmobiliario futuro de Chillán Viejo.
“Nuestra comuna es la que tiene el mayor crecimiento vegetativo de toda la Provincia de Ñuble y alrededor de Trinidad existen proyectos inmobiliarios, de tal manera que en unos 10 años la zona estará completamente poblada y eso lo saben las autoridades de Gobierno”, acusó el alcalde Felipe Aylwin.
OTRA ALTERNATIVA
Llama la atención que dentro de las alternativas que barajaba el Ministerio de Justicia aparecía un terreno que está justo frente del que ofreció el ex alcalde de Chillán Héctor Canahuate.
Se trata de un predio que fue gestionado ante el Ministerio por el dirigente del Colegio de Profesores, cercano al PRSD, José Bustamante Urrejola.
“Nuestro terreno tiene 30 hectáreas y además costaba menos de 9 millones de pesos por hectárea, conversable, o sea que podía costar menos que los 12 millones que pagará el Ministerio por el fundo de Trinidad”, sostuvo el dirigente, quien estuvo en conversaciones con el Ministerio hasta no hace mucho tiempo.
Comunidad redobla ofensiva y llama a votar en futura consulta ciudadana
El próximo 15 de agosto será realizada en la comuna una consulta ciudadana que tiene como objetivo que la comunidad se exprese respecto de la construcción de la cárcel.
La resolución será considerada en las decisiones que tomen las autoridades comunales, precisa el concejal Jorge del Pozo.
Pero este agrega que estima que la comunidad no aceptará la construcción del recinto carcelario, pues ya el año pasado se realizó una actividad similar.
Aquella, realizada en el mes de agosto, consideró a un millar de personas que en un local de votación instalado en un supermercado rechazaron en más de un 90 por ciento la presencia del recinto carcelario.
En este sentido, advierte Del Pozo, lo más probable es que se confirme lo que hace un año determinó la comunidad.
La diferencia es que aquella consulta no fue vinculante para la Municipalidad de Chillán Viejo, a diferencia de este nuevo proceso que está en marcha.
El resultado de la encuesta ciudadana será entregado al Presidente de la República durante el acto de celebración del Natalicio de Bernardo O’Higgins.
Hasta el momento, los dirigentes sociales llaman a manifestarse pacíficamente contra la presencia de la cárcel en la comuna, lo mismo que las autoridades comunales y el gobernador.
VER MÁS EN: http://www.diarioladiscusion.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=13885:gobernador-lamenta-rechazo-a-la-carcel-e-insiste-en-ver-compensaciones&catid=92:noticias&Itemid=78
La autoridad fue clara al indicar que la decisión que tomó el ministro de Justicia Felipe Bulnes es absolutamente irrevocable.
Además, detalló que la entidad tuvo a la vista todos los antecedentes jurídicos a la hora de decidirse por el terreno de Trinidad.
Esto, luego de que la municipalidad iniciara acciones ante la Contraloría General de la República, la que debería pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento seguido por el Ministerio.
“Estamos hablando del Ministerio de Justicia, que tiene la ley en la palma y en la punta de los dedos. Tiene que haber tomado todas las precauciones para tomar una determinación de esta envergadura y el ministro dijo que la decisión está tomada, y no hay vueltas atrás y ahora la sugerencia es conversar, dialogar para ver cómo se enfrenta el tema de ahora en adelante”, agregó.
Durán, además reprochó que la comunidad de Chillán Viejo no haya querido iniciar conversaciones formales para aprobar un plan de compensaciones. “Si el alcalde anda en Santiago haciendo gestiones es porque no ha habido una mesa para conversar posibles compensaciones”, aseguró.
Lo cierto es que en el municipio están efectivamente cerrados a buscar alternativas que permitan el desarrollo de obras que mitiguen los efectos que puede tener la existencia de una cárcel en la comuna.
“Conocimos un informe de Gendarmería, que establece que en los traslados de reos no pueden ir más de uno por carro, lo que significa que dado que tendremos una población penal de 1.500 personas, la cantidad de viajes diarios a los tribunales será elevado, lo que sumará más vehículos al atochamiento que ya tiene la avenida Baquedano y el camino a Yungay”, argumentó el alcalde Felipe Aylwin.
Dadas las aprensiones existentes, ayer presentó formalmente ante la Contraloría en Santiago la petición para que esta entidad investigue la falta en la que habría incurrido el Ministerio al no informar previamente a la comunidad de Chillán Viejo respecto de su decisión.
La presentación se basa en un decreto interno del Ministerio, el que establece que la comunidad tendrá derecho a pronunciarse respecto de las decisiones que adopte la entidad gubernamental.
Sin embargo, aducen las autoridades municipales, jamás se consultó a la comuna respecto de la posibilidad de instalar el recinto penitenciario.
TERRENO
El terreno que fue elegido por el Ministerio figuraba entre los que desde el comienzo del proceso consideró el Ministerio de Justicia.
En la primera etapa de recepción de ofertas se analizaron once alternativas, de las cuales siete se encontraban en Chillán Viejo, tres en Chillán y una en San Carlos.
Todos los sitios ubicados en Chillán, según antecedentes de la municipalidad de esta ciudad, fueron descartados por la comisión examinadora.
Esta instancia, conformada por arquitectos del Ministerio de Justicia, Gendarmería y la Municipalidad de Chillán, entre los días 6 y 8 de junio del 2007, analizó los predios ofrecidos.
Durante las visitas a terreno se caracterizó cada predio y en el caso de Trinidad recibió la recomendación de “Aceptado”, pues cumplía los requisitos requeridos.
Sin embargo, no fue finalmente priorizado por cuanto no satisfacía uno de los principales requerimientos establecidos por la Municipalidad de Chillán, como era la distancia del centro de la urbe.
Se esperaba que el terreno que fuera finalmente elegido estuviera más allá de un radio imaginario de 14 kilómetros, pero en el caso de Trinidad se encuentra a sólo 10.
Por ello, los encargados del proceso se inclinaron por un terreno ubicado en Colliguay, en la jurisdicción de Chillán.
En el caso de Trinidad, su ubicación además conspira contra el desarrollo inmobiliario futuro de Chillán Viejo.
“Nuestra comuna es la que tiene el mayor crecimiento vegetativo de toda la Provincia de Ñuble y alrededor de Trinidad existen proyectos inmobiliarios, de tal manera que en unos 10 años la zona estará completamente poblada y eso lo saben las autoridades de Gobierno”, acusó el alcalde Felipe Aylwin.
OTRA ALTERNATIVA
Llama la atención que dentro de las alternativas que barajaba el Ministerio de Justicia aparecía un terreno que está justo frente del que ofreció el ex alcalde de Chillán Héctor Canahuate.
Se trata de un predio que fue gestionado ante el Ministerio por el dirigente del Colegio de Profesores, cercano al PRSD, José Bustamante Urrejola.
“Nuestro terreno tiene 30 hectáreas y además costaba menos de 9 millones de pesos por hectárea, conversable, o sea que podía costar menos que los 12 millones que pagará el Ministerio por el fundo de Trinidad”, sostuvo el dirigente, quien estuvo en conversaciones con el Ministerio hasta no hace mucho tiempo.
Comunidad redobla ofensiva y llama a votar en futura consulta ciudadana
El próximo 15 de agosto será realizada en la comuna una consulta ciudadana que tiene como objetivo que la comunidad se exprese respecto de la construcción de la cárcel.
La resolución será considerada en las decisiones que tomen las autoridades comunales, precisa el concejal Jorge del Pozo.
Pero este agrega que estima que la comunidad no aceptará la construcción del recinto carcelario, pues ya el año pasado se realizó una actividad similar.
Aquella, realizada en el mes de agosto, consideró a un millar de personas que en un local de votación instalado en un supermercado rechazaron en más de un 90 por ciento la presencia del recinto carcelario.
En este sentido, advierte Del Pozo, lo más probable es que se confirme lo que hace un año determinó la comunidad.
La diferencia es que aquella consulta no fue vinculante para la Municipalidad de Chillán Viejo, a diferencia de este nuevo proceso que está en marcha.
El resultado de la encuesta ciudadana será entregado al Presidente de la República durante el acto de celebración del Natalicio de Bernardo O’Higgins.
Hasta el momento, los dirigentes sociales llaman a manifestarse pacíficamente contra la presencia de la cárcel en la comuna, lo mismo que las autoridades comunales y el gobernador.
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