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2 de diciembre, 2014 - Sergio Bustos - ladiscusion.cl
A la espera que la Contraloría
Regional los notifique de eventuales sanciones propuestas en su contra, se
encuentran funcionarios de la Municipalidad de Chillán Viejo que fueron
sumariados por instrucción de la ex contralora regional Gloria Briones, quien designó
en mayo pasado al fiscal Víctor Espinosa
para realizar las indagatorias.
Ello luego del informe final
IE-52/13, evacuado (en marzo último) con motivo de una auditoría de gastos
efectuada en 2013 en el municipio chillanvejano que detectó una presunta
malversación de $103.195.209 a las arcas edilicias, entre 2011 y 2013.
La Contraloría pesquisó que el
municipio efectuó el pago duplicado, y en algunos casos, triplicado, de
servicios de transportes prestados a organizaciones vecinales, anomalía que se
repite en la adquisición de canastas familiares que no fueron entregadas a beneficiarios.
Los funcionarios fueron
notificados de los cargos a mediados de agosto pasado, y durante ese mismo mes
realizaron sus descargos.
“Hasta la fecha no hemos tenido ninguna
respuesta”, comenta el abogado Francisco Fuenzalida, secretario del Juzgado de
Policía Local de Chillán Viejo, quien como ex encargado de Control (s), en el
verano de 2013, firmó tres decretos de pago. La Contraloría le imputa suscribir
esos decretos sin la documentación pertinente y haber autorizado la cancelación
“en más de una oportunidad” a un proveedor de transportes por viajes que ya se
habían realizado.
“Que yo sepa nadie ofreció rendir
pruebas, por lo tanto, la etapa probatoria ya estaría resuelta. Ahora restaría
que el fiscal haga su vista, formule cargos, o libere de responsabilidad a los
implicados, esto, de acuerdo al mérito de las contestaciones realizadas en
agosto”, agrega Fuenzalida.
Entre los otros funcionarios que
fueron notificados de cargos figuran Ulises Aedo, administrador municipal;
María Garrido Blu, ex encargada de Control (hoy en otras funciones); Paola
Araya, directora de Administración y Finanzas; la tesorera Juana Norambuena y
Alejandra Martínez, directora de Dideco, quien reemplazó a Andrés León,
renunciado en marzo de 2013 y que no fue sumariado por su condición de ex
funcionario. No obstante, sí fue notificado a resarcir parte de los $192 millones que un Juicio de Cuentas
determinó deben ser devueltos a las arcas edilicias por el alcalde Felipe
Aylwin (PS), Aedo, Fuenzalida, Garrido, Araya, Patricia Aguayo, directora de
Obras y ex directora (s) de Control, y el ex funcionario Rodrigo Carmona.
Por ley la Contraloría no puede
formular cargos en contra de Aylwin, pero sí establecer presuntas negligencias
administrativas en las que habría incurrido. Estas quedan plasmadas en un
informe que es entregado al Concejo Municipal, cuyos integrantes podrían acusar
por notable abandono de deberes al jefe comunal, ante el Tribunal Electoral
Regional (TER).
Si la Contraloría propone
sanciones en contra de los funcionarios, es Aylwin quien debe decidir si las
mantiene a firme, las disminuye, o las deja sin efecto, previo decreto fundado
que debe informar a la Contraloría.
Desde el órgano contralor se informó que el fiscal que realizó el
sumario se encuentra con licencia médica y en su reemplazo fue designada la
fiscal Gladys Ferrada.
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